- Promover el bienestar social y económico y como una herramienta esencial para lograr el desarrollo económico sustentable del Estado y en consecuencia del país, con seis líneas estratégicas primordiales:
- Dotar al Estado de un instrumento legal de vanguardia;
- Simplificar de manera contundente todos los trámites gubernamentales y la inercia burocrática;
- Promover la competitividad, generando un espacio institucional para el diálogo público-privado;
- Establecer una herramienta legal para la eficiencia gubernamental;
- Institucionalizar la mejora regulatoria; y
- Transparentar la función pública.
- La pretensión es garantizar la certeza jurídica a la ciudadanía que acuda al Estado a realizar gestiones o trámites gubernamentales y que ésto, sea un atractivo fundamental para detonar la inversión privada en la entidad, toda vez que su objetivo substancial es normar acciones tendientes a:
- Evitar la discrecionalidad de los funcionarios públicos en la aplicación de las diferentes normas jurídicas, combatiendo así la corrupción;
- Facilitar a los gobernados el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; y
- Unificar y simplificar los trámites y servicios que prestan las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.
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